El Registro de Personas Extraviadas o No Identificadas se crea en la Secretaría de Derechos Humanos por Ley 4.645 y se reglamenta por Decreto 1.042/13. El mismo se encarga de mantener un registro actualizado a nivel provincial de las personas extraviadas, al tiempo que colabora en la difusión de imágenes de personas que continúan siendo buscadas en virtud de desconocerse su paradero.

El Registro sostiene comunicación permanente y fluida con dependencias policiales y del Ministerio Público Fiscal, en favor de un trabajo mancomunado. En el mismo sentido, el Registro facilita instancias de formación y capacitación para los agentes de otras instituciones que intervienen en los registros de extravíos y hallazgos.

La ley 5.230 crea el Observatorio del uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del cuidado frente al delito de ciberacoso o grooming. El mismo se establece en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos con las funciones de implementar un centro de documentación y base de datos sobre este delito e impulsar estudios sobre la temática, sus causas e incidencias en el ámbito escolar y sobre la víctima, su familia y su grupo de pertenencia.

Para su integración y funcionamiento, el Observatorio convoca a instituciones educativas de nivel universitario con presencia en el territorio provincial y a organizaciones de la sociedad civil abocadas a la temática, además de representantes de organismos provinciales competentes.

La Secretaría de Derechos Humanos realiza visitas periódicas a establecimientos penales de Río Negro, con el objetivo de monitorear condiciones de detención y facilitar la comunicación con los internos y sus familiares y allegados.

En este sentido, se sostiene comunicación permanente con los distintos actores institucionales involucrados en la dinámica del sistema penitenciario, como así también con internos y familiares.

Ante las diversas presentaciones, denuncias y/o consultas, se produce un registro, se da curso correspondiente y se realiza seguimiento, como así también informes parciales o de resultados finales de cada intervención.

En las visitas periódicas a los establecimientos penales, se realiza un recorrido por diversas áreas, entrevistas con actores institucionales, relevamientos y entrevistas con internos convocados al azar.

La Secretaría de Derechos Humanos recibe y da curso a denuncias por hechos o situaciones que pudieran significar abuso de autoridad y/o violencia institucional. Para ello, facilita diversos canales de comunicación para que las personas puedan hacer llegar sus denuncias o presentaciones.

De igual modo, se articula con la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional para potenciar la recepción de denuncias, presentaciones, solicitudes de intermediación y pedidos de información, como así también para coordinar acciones de protección de derechos.

Finalmente, se lleva adelante el registro de casos y se da curso administrativo a las presentaciones recibidas. El seguimiento de los casos permite observar situaciones recurrentes y realizar las recomendaciones necesarias a los organismos correspondientes.

La Secretaría de Derechos Humanos participa en aquellas situaciones en que la justicia ordena desalojar asentamientos, poniéndose a disposición de los organismos intervinientes para tomar parte de los procedimientos, a los fines de proteger los derechos de las personas que se encuentran en el lugar, de acuerdo con las observaciones generales emitidas en el marco del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En tal sentido, el organismo puede participar de distintas instancias del proceso, tales como el registro o relevamiento de las personas con demandas habitacionales insatisfechas que están presentes en el predio, la participación en el diseño de los protocolos de desalojo forzoso a los efectos de que se resguarde principalmente la vida y la integridad física de las personas involucradas, la disposición de las instancias informativas correspondientes y el ofrecimiento de canales de mediación y negociación que redunden en evitar el uso de la fuerza pública. En caso de producirse esto último, la labor se enfoca principalmente en el monitoreo del desalojo, desde una perspectiva de protección de la vida, la salud, la integridad física y de los grupos de población vulnerables.

Finalmente, también se reciben presentaciones o denuncias en relación a intervenciones que pudieran no haberse adecuado a los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza pública.